Cuestionamientos a la Dirección de Cultura Cusco por Contrataciones Millonarias Externas
CUSCO, PERÚ – La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC Cusco) se encuentra bajo el escrutinio público y de sus propios trabajadores debido a una serie de cuestionamientos relacionados con su estilo de gestión y la contratación de profesionales externos. Un informe interno ha revelado una administración percibida como hermética, la cual, según las denuncias, estaría limitando la participación del talento local en decisiones clave.
Según un documento interno con número de referencia N.° 000002-2026-UGI-EMN/MC, dirigido al director Diego Pajares Andonayre, se alerta sobre la creación de barreras administrativas que aíslan la gestión. Esta situación genera preocupación, ya que mientras la institución tiene la misión de salvaguardar el vasto patrimonio cultural de Cusco, internamente parecería estar adoptando prácticas que contradicen ese espíritu de apertura y colaboración local.
Una de las principales fuentes de controversia son las órdenes de servicio emitidas para consultorías de alto costo. Destaca el caso de la abogada limeña Mónica Lucía Ugarte Quijandría, contratada el 5 de febrero de 2026. Su servicio consistió en acompañar directamente al director por un periodo de 100 días en reuniones, comisiones de trabajo y decisiones administrativas, por un monto total de S/44,000. Esto representa un desembolso diario de aproximadamente S/440, una cifra que excede significativamente el ingreso mensual de muchos profesionales del sector cultural local.
Previamente, en diciembre de 2025, la DDC Cusco también contrató a otra abogada, Betty Alejandrina Calderón Domínguez, igualmente proveniente de Lima. Su labor se centró en el seguimiento de acciones en materia de integridad institucional. Por un servicio de 25 días calendario, se le asignaron S/8,000, lo que equivale a unos S/320 diarios. Sus tareas incluían revisar documentos y proyectar respuestas administrativas, lejos de ser una investigación anticorrupción profunda.
Estos contratos se enmarcan dentro de un presupuesto considerable. La DDC Cusco, según el portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, manejó en 2025 un presupuesto de más de S/137 millones, de los cuales ejecutó S/102 millones. La magnitud de estos fondos hace que las decisiones de contratación sean aún más relevantes y exijan una mayor transparencia.
Fuentes internas señalan que estas no serían las únicas contrataciones de este tipo, indicando incluso la habilitación de una sala específica para asesores externos, muchos de ellos procedentes de fuera de la región. La situación plantea una interrogante clave: ¿estos servicios externos están fortaleciendo la gestión cultural regional o están gradualmente sustituyendo al personal técnico cusqueño, marginando el conocimiento y la experiencia local?
Si bien la normativa vigente permite la contratación de servicios especializados mediante órdenes de servicio, la recurrencia y el costo de estas consultorías externas suscitan un debate importante sobre la prioridad de la gestión. La percepción es que la institución, encargada de la custodia del legado cultural de Cusco, podría estar enfocando su confianza administrativa en agentes externos, en detrimento del valioso capital humano y profesional de la propia región.
Esta tendencia simboliza una preocupación creciente en Cusco: la posible “mudanza simbólica” de la gestión cultural hacia otros centros, mientras el talento y los profesionales locales observan desde una posición periférica dentro de la misma institución destinada a representarlos.
